La década de los 70 del siglo XX marcó la sensibilización internacional por el evidente deterioro del ambiente por causas antrópicas. En 1972 se celebró la Conferencia de Estocolmo, la cual pasaría a la historia como la primera conferencia internacional cuya temática fundamental fue el ambiente con el objetivo de sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales y fomentar políticas necesarias para erradicarlos. Las Naciones Unidas celebran el día de la Tierra cada año en el equinoccio vernal (alrededor del 21 de marzo), pero una gran cantidad de países ha adoptado el 22 de abril para esa celebración debido a que en 1970, en Estados Unidos un senador y activista ambiental, Gaylord Nelson, promovió una manifestación para la creación de una agencia ambiental. En esta convocatoria participaron dos mil universidades, diez mil escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades. La presión social tuvo sus logros y el gobierno de ese país creó la Environmental Protection Agency -EPA- (Agencia de Protección Ambiental) y una serie de leyes destinada a la protección del medio ambiente.
Irónicamente, ese mismo día de celebración del Día de la Tierra, exactamente cuarenta años más tarde, el mismo país promotor de tan significativa fecha, se hacía protagonista del inicio de un desastre ecológico de magnitudes extraordinarias y de consecuencias impredecibles para el ambiente marino. La plataforma de extracción de hidrocarburos costa afuera “Deep Horizon” de la British Petroleum (BP), ubicada en el Golfo de México a unas cuantas millas náuticas al sur de Luisiana, explotó dejando un saldo de once trabajadores fallecidos y una fisura de escape de crudo del pozo petrolero que operaba la plataforma, ubicado a poco más de un kilómetro de profundidad, de la cual manan aproximadamente 160 mil litros de petróleo diarios, un equivalente a mil barriles por día, que producen contaminación marítima con manchas grandes y aceitosas.
Mientras se escribe este artículo han pasado casi setenta días desde aquel desafortunado accidente, con lo cual la cantidad de crudo derramado se estima en más de 600.000 toneladas de crudo, afectando un área del Golfo de México de casi 2.000 km2, sin que autoridades, ni entendidos, ni organizaciones, ni responsables, ni ser humano, ni poder alguno haya podio contener la emanación, y la siniestra mancha negra sigue avanzando hacia las costas y hacia aguas internacionales, convirtiéndose en una amenaza que va más allá de la acción local para convertirse en un tema de debate por su connotación regional, específicamente caribeña.
Para ilustrar la magnitud de este desastre ambiental, en oportuno reseñar algunos otros derrames de petróleo en el mar que han sido catalogados como desastres ambientales y que han generado la creación de normativas internacionales cada vez más rigurosas y precautorias para con el ambiente marino:
- 1.770.000 toneladas de crudo fueron vertidas en las aguas del Golfo Pérsico en 1991 durante la guerra del mismo nombre, afectando los ecosistemas de ese cuerpo de agua y de sus costas en Kuwait, Arabia Saudita e Iraq. La mayor marea negra jamás antes vista y más devastadora del ambiente lato sensum.
- 467.000 toneladas de crudo fueron vertidas en el Golfo de México en 1979 por el buque “Ixtoc” de bandera mexicana, afectando sobremanera la península de Yucatán en México.
- 121.000 toneladas de crudo se derramaron en las cercanías de las islas Sorlingas – Tornualles al sur de la Gran Bretaña por el tristemente famoso buque inglés-estadounidense “Torrey Canyon”, cuya magnitud para la época generó un revolución en cuanto a normativas para la construcción de buques tanqueros.
- h 37.000 toneladas de crudo vertió la motonave “Exxon Valdez” de bandera estadounidense en 1989 en Alaska, generando gran alarma ante la afección a la fauna polar en las cercanías de Prince William Sound. Esta estadística arroja una comparación con el derrame en comento que permitiría cocluir que en el Golfo de México se viene produciendo el equivalente de un “Exxon Valdez” a la semana.
- 20.000 toneladas derramó la motonave “Erika” de bandera japonesa en 1999 en el Golfo de Viscaya.
En Venezuela hemos sufrido derrames de petróleo con consecuencias dolorosas. El 27 de febrero de 1990, el buque tanque griego “Nissos Amorgos” liberó 4.000 toneladas de crudo al reconocer fondo en el canal de navegación del Lago de Maracaibo. Debido a las corrientes costeras y el viento, el petróleo se dispersó hacia el noroeste cubriendo 48 km de costas arenosas de ecosistemas hasta ese entonces ricos en sus cadenas tróficas. Han pasado veinte años desde ese fatídico derrame y las consecuencias no pueden simplemente ilustrarse con números, sumas de dinero o fallos judiciales en cortes internacionales; Desde Caimare Chico hasta Caño de Agua, las comunidades de pescadores y otras actividades sociales costeras ya no serán más las mismas, mientras la recuperación del status quo de las cadenas tróficas en 1990, tendrá que esperar hasta mediados de este siglo XXI, mientras la carga social indígena lucha por adaptarse a condiciones miserables acarreadas por este evento.
Las universidades, como centros de avanzada en educación ambiental, en base al principio de Globalidad del derecho ambiental y atendiendo a lo establecido en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que destaca que el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales son patrimonio común e irrenunciable de la humanidad, así como el artículo 107 relativo a la educación ambiental, están en el deber de hacerse eco de esta eminente amenaza que ya ha alcanzado más de 1.800 km2 y continúa avanzando hacia la zona del este y va desde las costas de Luisiana hasta las costas de Alabama y de Misisipi; y hacia el sureste la mancha de crudo podría llegar a las costas del estado de Florida y a las costas noroccidentales de Cuba. Ante este escenario, Gordon Duguid, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, inició un diálogo con las autoridades cubanas, declarando posteriormente que se ha establecido un diálogo bilateral entre funcionarios de bajo rango, luego de que imágenes satelitales indicasen que el crudo ya entró a la corriente marina que podría llevarlo a Florida y luego, en pocos días, a Cuba.
Es en este escenario cuando el planteamiento del artículo 153 de la CRBV gana importancia ya que establece que la República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la región; como de hecho se ha venido materializando en los acuerdos firmados entre ambas naciones para realizar en conjunto actividades de exploración y certificación de hidrocarburos, específicamente, los bloques N53, N54, N58 y N59 en aguas cubanas; evidenciándose su necesidad geopolítica, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios de derecho internacional, en el entendido de que los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.
La explosión de la plataforma va más allá de ser una tragedia para las víctimas ya que, además, implica recordar los verdaderos riesgos de la exploración de hidrocarburos costa afuera, actividad que ha adquirido gran auge en Venezuela y que, por el modelo de desarrollo adoptado basado en la sustentabilidad, demanda una exhaustiva revisión de normas y procedimientos, y mayor preparación técnico-operativa, máxime cuando ya hemos visto cómo el pasado 14 de mayo de 2010, la plataforma “Aban Pearl” situada en aguas de la costa de Paria, en el estado oriental de Sucre, colapsó cuando apenas comenzaba sus faenas de extracción de gas, lo cual contribuyó a que el pozo que se operaba (Dragón 6) hubiese podido ser sellado con unos fluidos especiales y por otros sistemas de seguridad y que por lo tanto no se presentase ningún riesgo de contaminación ambiental. De allí el rol fundamental de la universidad en lo referente a la formación de profesionales en áreas de gerencia ambiental y de actividades costa afuera.
Jesús Jiménez
kikeve2001@gmail.com
